El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal que regula la tasa por recogida y tratamiento de residuos, adaptándola a lo establecido por la Ley estatal 7/2022 de residuos y suelos contaminados. La propuesta, impulsada por el Grupo Municipal Popular, incluye importantes bonificaciones a aplicar a partir de 2026, y fue aprobada con los votos en contra de VOX, PSOE y Somos Pozuelo.

Bonificaciones para familias, jubilados y entidades sociales

Las nuevas reducciones permitirán que las familias numerosas disfruten de una bonificación del 20% en el caso de las de régimen general, y del 50% para las de régimen especial. También se contempla una reducción del 30% para las personas jubiladas. Las entidades sin ánimo de lucro y personas en situación de vulnerabilidad podrán acceder a descuentos de hasta el 95%.

Además, los titulares de vivienda habitual que realicen al menos cinco aportaciones anuales a los Puntos Limpios podrán acogerse a una reducción del 5% en la cuota.

Educación, compostaje y progresividad fiscal

Los centros educativos también se beneficiarán de la modificación mediante un epígrafe fiscal específico que les otorga descuentos en la tasa. En cuanto al compostaje, se mantiene la bonificación del 10% para quienes dispongan de sistemas domésticos o comunitarios, y se amplía al 20% si se trata de inmuebles donde se imparten actividades educativas.

La ordenanza incorpora, además, cuatro nuevos tramos fiscales que introducen una mayor progresividad en la cuota, permitiendo que muchos vecinos vean reducida la cantidad que inicialmente debían pagar.

Pago fraccionado con bonificación

La nueva normativa también permitirá, desde enero de 2026, fraccionar el pago de la tasa, como ya ocurre con otros tributos municipales. Esta modalidad contará con una bonificación del 5% si se opta por el pago aplazado.

Una respuesta legal y equilibrada

Durante la sesión plenaria, la concejal de Hacienda, Lucía Molares, destacó que esta modificación busca hacer la ordenanza “lo menos gravosa posible para los vecinos” y la calificó como “una propuesta equilibrada, creativa y legal”.

La alcaldesa, Paloma Tejero, recordó que esta reforma responde a la petición ciudadana de servicios públicos sostenibles sin un coste fiscal excesivo, y aseguró que ha sido posible gracias a un trabajo técnico y jurídico constante.

Una ley estatal que obliga a los municipios

La modificación responde a una imposición del Gobierno central, que exige a los ayuntamientos trasladar el coste real de la recogida y tratamiento de residuos a los vecinos. En este caso, la inversión supera los 10 millones de euros anuales. Pese a mostrarse en contra desde el inicio, el Ayuntamiento ha trabajado en medidas correctoras para reducir el impacto económico y mantener la calidad del servicio.