Pozuelo de Alarcón ya ha delimitado su futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una medida obligatoria en cumplimiento de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Esta normativa establece que todos los municipios de más de 50.000 habitantes deben contar con planes de movilidad urbana sostenible y delimitar ZBE en su territorio.

En el caso de Pozuelo, las zonas afectadas serán el casco histórico, en el centro de la ciudad, y el área de Los Horcajos, en el barrio de la Estación. Sin embargo, la entrada en vigor de estas restricciones de tráfico no será inmediata: quedará supeditada a la aprobación de una nueva Ordenanza Municipal, que ya está en fase de redacción.

Excepciones para facilitar la movilidad de los pozueleros

El Ayuntamiento ha adelantado que la nueva ordenanza incluirá más de una decena de excepciones para garantizar que la implantación de la ZBE no suponga un perjuicio para los vecinos ni para la actividad diaria del municipio.

Entre los vehículos que podrán circular por la ZBE sin restricciones figuran:

• Los de los vecinos de Pozuelo, tanto si residen dentro como fuera de la zona delimitada.
• Aquellos que, sin ser vecinos, dispongan de plaza de aparcamiento en la ZBE o estén dados de alta en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) de Pozuelo.
• Los que accedan para dejar o recoger a alumnos matriculados en centros escolares ubicados en la zona.
• Vehículos de proveedores que deban repartir mercancías en comercios o domicilios dentro de la ZBE.
• Vehículos que acudan a talleres mecánicos, hoteles o al aparcamiento público de la zona.
• Vehículos de empresas de construcción, instalación o mantenimiento.
• Taxis, VTC, transportes de caudales o comunicaciones postales.
• Vehículos de autoescuela, grúas, mudanzas y vehículos históricos.
• Vehículos de servicios públicos esenciales y aquellos adaptados para personas con movilidad reducida.

Una inversión de más de un millón de euros

La implantación de la ZBE incluirá la instalación de un sistema integral de control y gestión de accesos. Para ello, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado esta semana el contrato que permitirá poner en marcha esta infraestructura, que incluirá cámaras, sensores, paneles informativos y una plataforma digital para gestionar los datos recogidos.

La inversión prevista para la implantación del sistema supera el millón de euros y permitirá adaptar las zonas afectadas con tecnología de última generación para garantizar el cumplimiento de la normativa y facilitar su control.