El Pleno del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha aprobado definitivamente en su sesión de este jueves la nueva Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida y tratamiento de residuos a la que obliga el Gobierno de la Nación en la ley estatal 7/22 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados.

La segunda teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Lucía Molares, quien ha expuesto este asunto ante el Pleno ha recordado que “se trata de una ley, impulsada por el Gobierno Central, que fuerza por primera vez a los ayuntamientos a trasladar el coste real e íntegro de la recogida, transporte y tratamiento de residuos a los vecinos”.

“Desde el Ayuntamiento, y ante la responsabilidad y el principio del cumplimiento de la ley, hemos planteado como primer objetivo causar el menor impacto económico a nuestros vecinos,”, ha asegurado la teniente de alcalde y responsable del área de Hacienda, quien también ha hecho hincapié en el excelente servicio de limpieza y gestión de residuos “que supone una inversión anual cercana a los 10 millones de euros”.

Ordenanza compleja y sin criterios comunes

De este modo, Molares, ha explicado la complejidad de esta ordenanza “pues han dejado solos a los ayuntamientos y no se ha establecido un criterio común para todos”. Por ello, y fruto del trabajo realizado por el Órgano de Gestión Tributaria y técnicos de la concejalía de Medio Ambiente, en el Ayuntamiento de Pozuelo se han ha diferenciado tipologías de tasas para favorecer los usos residenciales frente al resto de usos de los inmuebles (comerciales o industriales, entre otros).

Además, y asumiendo que la ley establece que se debe implantar el sistema de “pago por generación” y repercutirse todos los costes reales del servicio a los vecinos, el Consistorio ha tenido en cuenta diferentes parámetros como la cantidad de residuos recogidos en cada una de las ocho rutas de recogida del municipio, así como elementos de medición de la cantidad de residuos generada. Con este método se distingue, dentro de la cuota tributaria, una cuota fija y otra variable: la fija es de 0,9 euros/m2 y la variable va del 0,1 al 0,3 euros /m2.

Así, se ha valorado principalmente la superficie de la vivienda y no a las personas empadronadas en las mismas con el objetivo de no perjudicar a las familias numerosas, lo cual supondría un mayor importe de la tasa. A modo de ejemplo y con estos cálculos, se estima que una vivienda de 96m2 en la que viva una familia de tres o más hijos en la Avenida de Europa tendrá que abonar aproximadamente 115 euros anuales, mientras que una vivienda de 78m2 de la calle Luis Béjar, 85 euros al año, aproximadamente.

Bonificaciones y pagos fraccionados

La nueva ordenanza establece diferentes bonificaciones para el pago de esta tasa como la del 10% para quienes cuenten con sistemas de compostaje doméstico o comunitario, que se elevan al 20% en el caso de inmuebles en los que se ejerzan actividades educativo/docentes. Por otro lado, atendiendo a criterios de capacidad económica, se ha establecido otra bonificación del 25% en favor de personas en riesgo de exclusión social. Y en cualquier caso, se pueden solicitar sistemas de pago fraccionado.

Molares ha insistido en que “el Ayuntamiento seguirá estudiando alternativas que permitan rebajar el coste de esta tasa, manteniendo la calidad del servicio”, y ha adelantado la posibilidad de solicitar sistemas de pago fraccionado de la tasa, como ya ocurre con otros tributos municipales, así como que a partir de enero de 2026 se permita fraccionar el pago con una bonificación del 5% en el total del recibo.