El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón acata, aunque no comparte, la decisión del titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 16 de Madrid de mantener abierto el centro de inmigrantes del Gobierno central cuyo cierre había sido decretado por el consistorio por carecer de licencia municipal y por el riesgo de hacinamiento detectado en el edificio.
Este edificio solo tiene licencia de 270 camas para participantes en cursos de la Tesorería General de la Seguridad Social y el Ministerio de Migraciones lo ha convertido en un centro de inmigrantes. El pasado verano la Secretaría de Estado autorizó hasta 564 plazas y reconoció que en la actualidad el número de inmigrantes es 403 de más de diez nacionalidades distintas.
Así consta en sendos oficiales documentos firmados por la secretaria de Estado, Pilar Cancela, y por su directora general de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional. Además, durante los meses de verano y de nuevo en diciembre, el departamento amagó públicamente con alojar a cientos de menores inmigrantes no acompañados aunque finalmente no se llevara a cabo.
Próximo recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón acatará la decisión del juzgado, pero recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid según el auto que se ha conocido apenas 24 horas después de que el juez recibiera las alegaciones del consistorio contra las cautelares. El Gobierno central las había solicitado el pasado 17 de noviembre, sin embargo, el ayuntamiento no tuvo conocimiento de la petición hasta la víspera de Nochebuena.
El Ayuntamiento de Pozuelo traslada a sus vecinos un mensaje de confianza en la Justicia, además de reiterar su firme voluntad de que el Gobierno central cumpla la normativa que el consistorio exige al resto de ciudadanos, empresas e instituciones.