La alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, ha denunciado que este anuncio se produce justo después de que el Tribunal Supremo haya dado la razón a la Comunidad de Madrid, determinando que es la administración central la responsable de la atención de estos menores.

Según ha señalado la regidora, “hay que ser muy irresponsable para, con el único fin de vengarse del varapalo judicial, amenazar con trasladar a cincuenta menores a un centro sin licencia, que no reúne las condiciones necesarias y en el que ya viven más de 125 personas”, entre ellas familias con adultos y niños.

Dudas sobre la seguridad y la convivencia en el centro

Paloma Tejero ha cuestionado públicamente si “cualquier ministro llevaría a su propio hijo a un centro sin licencia y sin las condiciones adecuadas”, y ha planteado además qué ocurriría con las familias que ya se encuentran alojadas en el edificio. “¿Pretenden mezclar a estas familias con menores no acompañados?”, se ha preguntado.

Desde el Consistorio recuerdan que el Ayuntamiento ofreció al Gobierno central la posibilidad de regularizar la situación del centro, además de conceder un plazo de cuatro meses para la reubicación de las personas alojadas, sin que hasta el momento se haya producido ninguna actuación al respecto.

“La administración central sigue vulnerando una normativa que sí se exige cumplir a cualquier vecino o empresa de Pozuelo y ahora amenaza con agravar aún más esta situación”, ha subrayado la alcaldesa.

Posible traslado del caso a la Fiscalía

Ante este escenario, Paloma Tejero ha advertido de que el Ayuntamiento no permanecerá pasivo si el Gobierno sigue adelante con esta decisión. “Si el Ejecutivo intenta castigar a los vecinos de Pozuelo por sus fracasos con la Comunidad de Madrid, informaremos a la Fiscalía de que se pretende trasladar a menores no acompañados a un centro sin licencia, sin capacidad ni condiciones adecuadas y con una orden de cierre inmediato”, ha afirmado.

La regidora ha concluido asegurando que el Ayuntamiento de Pozuelo actuará para defender la legalidad, la seguridad y el bienestar tanto de los vecinos como de los propios menores, insistiendo en que “no se puede gestionar una situación tan delicada desde la improvisación y el incumplimiento de la ley”.