El Ayuntamiento de Pozuelo recordó ayer por escrito a la ministra de Migraciones, Elma Saiz, que le queda menos de un mes para desalojar y cerrar el centro ilegal de inmigrantes que el Gobierno central mantiene en esta localidad ya que se desarrolla en un edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Según datos del propio ministerio, la Tesorería tiene licencia para hospedar a 150 funcionarios, no para acoger a más de 400 inmigrantes como había en esas instalaciones cuando el consistorio decretó el cierre a mediados de septiembre.

En la carta, firmada por la alcaldesa, Paloma Tejero, se recuerda al Gobierno central que el Ayuntamiento le dio un margen suficiente de cuatro meses para cumplir esa orden definitiva de cierre. Sin embargo, el ministerio no presentó ninguna alegación administrativa ni tampoco consta que lo haya hecho en los tribunales. El plazo para el recurso judicial venció el 17 de noviembre y al consistorio no ha llegado nada tras más de un mes. Algo insólito si se hubiera presentado el recurso como asegura ahora el Gobierno central, aunque sin explicar cuándo ni dónde.

Por todo ello, la regidora pozuelera insiste en su carta que el ministerio de Saiz tiene hasta el 17 de enero para desalojar el centro ilegal de inmigrantes y devolver esas instalaciones de la TGSS al único uso para el que sí tienen licencia, hospedar a los funcionarios. En la carta también asegura que el número de inmigrante multiplica por tres y hasta cuatro veces el límite de su capacidad.

Posible procedimiento sancionador

El Ayuntamiento ha avanzado que si el Gobierno central persiste en mantener abierto el centro de inmigrantes sin licencia, será el propio consistorio el que acuda a los tribunales e incluso iniciará un procedimiento sancionador por vía administrativa que contempla multas de hasta 3 millones de euros.